Por otra parte, el criterio para que la empresa se involucre con temas de la comunidad es
la identificación de problemas y su intención de colaborar, lo que podría constituir una
oportunidad para que la empresa logre una ventaja competitiva.
El actual reto de la empresa privada consiste, entonces, en convertir en oportunidades las
expectativas de la sociedad, mediante respuestas innovadoras orientadas al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Muchos empresarios todavía ven la participación en actividades sociales como una fuga
de beneficios económicos. Sin embargo, la creatividad y el liderazgo suelen ser las
herramientas adecuadas para encontrar la manera de capitalizar las oportunidades que
brinda el entorno social y transformarlas en una ventaja competitiva para la empresa.
Entonces, la responsabilidad social empresaria constituye una excelente oportunidad de
sustentabilidad para las empresas por las siguientes razones:
a) Mejora la imagen y reputación de la empresa, lo cual facilita la diferenciación por
parte del público y trae consigo la mejora del desempeño económico.
b) Mejora de manera simultánea el conocimiento que la empresa tiene del mercado y su
comunicación con sus distintos públicos.
c) Incrementa la lealtad de sus consumidores, lo cual viene aparejado con el incremento
de las ventas, de la productividad y de la calidad de los productos y servicios.
d) Mejora la captación y retención del talento humano así como las oportunidades de
Financiamiento.
e) Asociada con factores ambientales, reduce los costos operativos y la vigilancia
regulatoria por parte de los organismos competentes.
f) Incentiva el crecimiento de la confianza de los inversores
g) Estimula la innovación y la competitividad hacia la creación y diseño de nuevos
productos, servicios y procesos ambientalmente conscientes.
h) Y por ultimo, quizás el beneficio más importante, reside en que las empresas se
convierten en organizaciones eficientes, internamente bien organizadas con una optima y
probada capacidad de gestión.
Por todo lo anterior, la responsabilidad social empresaria crea ventajas competitivas
difíciles de imitar. Se trata de incluir en la estrategia una gestión responsable y
comunicarla para ser competitivos a largo plazo.
Las pequeñas empresas y medianas empresas (PyMEs) suelen cuestionar la rentabilidad
de integrar la responsabilidad social empresaria en su gestión. Pero son precisamente las
Pymes las que juegan con ventaja gracias a sus características.
Por un lado, la proximidad con la comunidad local donde desarrollan su actividad y con
los trabajadores. Basan su dinámica en relaciones personales que son mucho más
duraderas que las de las multinacionales. Por otro lado, otro factor positivo es la
flexibilidad por sus estructuras pequeñas y más efectivas a los cambios que permiten una
menor burocracia y una comunicación directa y eficaz.
Además, actualmente muchas empresas grandes exigen a las pymes con quienes
contratan, que sean socialmente responsables, ya que esto forma parte de la
Responsabilidad Social Empresaria de la aquellas. Es una exigencia del mercado actual
para contratar con firmas importantes.
Lo tratado en el párrafo precedente (relación RSE - PyMEs) se puede ver mejor reflejado
si hacemos un análisis FODA, es decir un análisis de las:
Fortalezas: La Pymes son más adaptables y flexibles, Menos burocracia, Conocimiento
del entorno local, Mayor confianza, Menos exigencias
Oportunidades: Ventaja competitiva, ayuda a la Administración, Mejora la reputación,
Anticiparse a futuras regulaciones y exigencias, Mejor conocimiento de clientes
Stakeholders, Control de riesgos y demás beneficios citados en los párrafos anteriores
que, sin duda, aplican a cualquier empresa independientemente el tamaño de la misma.
Debilidades: Recursos Limitados, Poca formación y conocimiento, Comunicación, falta
de motivación, Falta de estrategias comunes
Amenazas: Supervivencia, No acceso a mercado global.
Como se ve, los efectos positivos de integrar la RSE en una empresa (grande o Pyme) son
varios. Por un lado le ayuda a mejorar su imagen ante proveedores, clientes y la sociedad.
Esto puede traducirse en un aumento de las ventas gracias al marketing social, lo que
también permite diferenciar el producto o servicio. Por otro lado también ayuda a reducir
los riesgos de litigios, de accidentes laborales, medioambientales y la publicidad
negativa. Además al ser "buenos ciudadanos corporativos" contribuye a ofrecer sólidas
garantías ante aseguradoras y entidades de créditos y también mejora la relación con las
administraciones públicas. Y por ultimo y no menos importante, la empresa contribuye
así a corregir desigualdades sociales.
De lo hasta aquí dicho, también puede decirse que, mediante conductas de RSE y desde
punto de vista del consumidor, se genera valor para este ya se tienen en cuenta sus
derechos como tal, la información sobre los efectos colaterales del consumo, si es
reciclable o no, los contenidos del etiquetado, las prácticas de marketing, difusión y venta
que se utilizan, así como el pos consumo, etc.
En los últimos años, la mayor consideración de la responsabilidad social y ambiental por
parte de empresarios, está permitiendo que tomen consciencia de los beneficios que
produce integrar la RSE en su cadena de valor. Y esto se relaciona con que está siendo
considerada una herramienta útil que puede dar cuenta del impacto que producen sus
actividades.
Asimismo, la creciente consideración de la RSE en la cadena de valor está permitiendo
considerar que, lograr la adhesión de los grupos de interés sobre las políticas y acciones
que en materia ambiental implemente la empresa, puede producir buenos resultados. Es
decir, gestionar y velar por un equilibrio entre el ámbito social, ambiental y económico,
puede permitir a la empresa el logro de mejores y nuevos beneficios.
Ordenamiento jurídico argentino (Nacional y Provincial):
Constitución Nacional:
El artículo 41º y 42º de la Constitución Nacional argentina establecen:
"Artículo 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos."
"Artículo 42- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de
las provincias interesadas, en los organismos de control.
No obstante ello, entendemos que la RSE debe ser voluntaria y no "obligada", ya que
existe legislación vigente en todos los ámbitos que incumben los negocios las cuales
garantizan un piso mínimo de protección a la sociedad ( leyes laborales , de higiene, de
contaminación , etc. )
Este es el espíritu del presente proyecto, debemos premiar a quien piense más allá del
punto mínimo de cumplimiento con la sociedad. Esto es, beneficiar con acciones
concretas y de carácter económico a los actores que cuiden y mejoren la calidad humana
y ambiental mediante acciones de RSE."
Legislación nacional:
En la Argentina, la legislación relacionada a conductas de RSE es de reciente aparición.
Las leyes 25.250 y 25.877 obligan a las empresas a presentar balances sociales
concentrados en el área de recursos humanos. No se exige la triple cuenta de resultados
(económica, ambiental y social) sino más bien, un informe sobre el estado de los
contratos laborales y las convenciones colectivas.
Legislación Provincial:
En cuanto al plano Provincial, la ley 4.531 de la provincia de Río Negro y la ley 2.594 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires versan sobre RSE.
La provincia que más ha avanzado en esta materia es Salta (Decreto Nº 517/11). Allí, el
Ministerio de Desarrollo Provincial junto con el IRAM elaboraron una guía para
empresas que quieran obtener el "Ecosello Salteño ". Este es un distintivo que se alcanza
tras finalizar y cumplir con ciertas etapas preestablecidas que, entre otras, se incluyen la
confección y auditoria de un balance social. Los beneficios en caso de lograr dicho
distintivo son la promoción y la devolución de gastos de certificación de firma del auditor
Si bien las iniciativas argentinas en dicha materias son buenas, per se, no vemos que estos
marcos regulatorios presenten beneficios con fuerza tal que induzcan a los privados a
formar parte de "lo social ", en concreto, el ser humano responde a estímulos económicos
y es por eso que en el presente proyecto de ley se plantean beneficios económicos
(fiscales) concretos con el afán de que las empresas tiendan a ser "socialmente
responsable ".
Antecedentes internacionales
En el plano internacional encontramos, entre otras, las siguientes instituciones que tratan
de orientar tanto la elaboración de RSE como de memorias o reportes de responsabilidad
social.
"Ley de Extremadura (España) sobre RSE":
El proyecto de ley extremeño, de 7 de septiembre de este año, tiene por objeto promover
la RSE en la comunidad autónoma de Extremadura, y a tal efecto empieza por definir la
RSE, estableciendo sus elementos configuradores en los diferentes planos de la empresa:
ética y valores; recursos humanos; medio ambiente; relaciones sociales de la empresa y
comunicación.
La ley elabora después la manera en que las empresas pueden alcanzar la calificación de
"empresa socialmente responsable" y los requisitos exigidos para ello en cuanto a
información (balance social) y verificación, y establece a continuación los beneficios a
que se hace acreedora la empresa que ostente esa calificación: subvenciones, beneficios
fiscales y primas en la contratación pública fundamentalmente.
Esta pionera norma permitirá a las empresas de economía social y a aquellas que
apuesten por ser socialmente responsables tener una serie de ventajas y beneficios en
materia fiscal, así como en las contrataciones públicas.
"Normas ISO 26.000":
La ISO 26000 es la culminación del proceso para el desarrollo de la primera guía
consensuada sobre la Responsabilidad Social, establecida por la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) la cual se podrá aplicar en cualquier tipo de
empresa u organización. Aunque esta guía no tiene propósito de certificación, regulatorio
o de uso contractual, si puede utilizarse para hacer una auto evaluación del grado de
cumplimiento de los principales principios establecidos a nivel mundial para tan
importante temática.
"Principios del Ecuador Global":
Es un estándar del sector financiero para determinar, evaluar y administrar el riesgo socio
ambiental en la financiación de proyectos.
Las instituciones financieras signatarias de los principios del Ecuador, han adoptado los
mismos con el objeto de asegurar que los proyectos que ellos financien sean
desarrollados en una forma socialmente responsable y reflejen prácticas de gestión
ambiental sanas. Al hacer esto, los impactos negativos en ecosistemas y comunidades
afectadas por proyectos deben ser evitados siempre que sean posibles y si esos impactos
son inevitables, deben ser reducidos, mitigados y/o compensados en forma apropiada.
"Global Reporting Initiative":
La Organización de las Naciones Unidas creó el Global Reporting Initiative (GRI) en
1999. GRI es establecida internacionalmente para desarrollar y difundir directivas
mundialmente aplicables para hacer las Memorias o Reportes de Sustentabilidad. Estas
normas son de uso voluntario por parte de las organizaciones a fin de difundir el impacto
de sus actividades, productos y servicios. Pretende elevar la calidad del informe sobre
sustentabilidad y lograr mayor comparabilidad (entre reportes), consistencia y eficiencia
en la difusión. Las directivas de GRI constan de 54 indicadores centrales y están
organizadas en tres dimensiones: ambiental, financiera y social.
Nace por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio
Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas
(PNUMA). El GRI ha desarrollado la "Guía para la elaboración de un informe de
sostenibilidad", cuya primera versión surgió en el 2000, la segunda en el 2002 y la tercera
en el 2006. Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de
sustentabilidad para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros. Se
basa fundamentalmente en la implementación del triple balance (triple bottom line),
económico, social y medioambiental.
Para producir un informe exigido por GRI, una empresa debe informar sobre todos los
indicadores centrales o dar razones de por qué no lo hace. Los indicadores son amplios y
cubren asuntos tales como el impacto económico, el consumo de recursos naturales, el
impacto sobre la biodiversidad y la tierra fértil, así como el adiestramiento, la educación
y el trabajo infantil.
El programa define al Reporte Social / de Sustentabilidad como una memoria,
complementaria al balance financiero, publicada anualmente por las empresas que da
cuenta de los proyectos, beneficios y acciones sociales dirigidas a sus grupos de interés.
Es también un instrumento estratégico para avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la
responsabilidad social empresarial. A través de él, la empresa muestra lo que hace por sus
profesionales, dependientes, colaboradores y la comunidad, dando transparencia a las
actividades que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la rodean. Su función
principal es hacer pública la RSE, construyendo mayores vínculos entre la empresa, la
sociedad y el medioambiente.
Explica el "Triple Bottom Line" como una metodología de línea de base triple o triple
cuenta de resultados, que hace referencia a la necesidad de medir y reportar los resultados
económicos, sociales y medioambientales de las compañías.
Plano institucional
En el presente proyecto de ley colaboraron la Federación Argentita de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas. (FACPCE) y el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta.
Estructura resumida del proyecto.
En primer lugar, se reconoce que las acciones y conductas de RSE son facultativas y que
cada empresa contribuirá en esta temática de la forma que mejor lo entienda.
Estas acciones y conductas de RSE que la empresa se compromete a realizar serán
plasmadas en un código de conducta. A su vez, las conductas socialmente responsables
realizadas por la empresa serán evaluadas y expuestas mediante indicadores de
desempeño que midan el grado de cumplimiento de las mismas. El documento donde
constara todo ello es el balance socio ambiental (que será regulado por la Federación
Argentina de Consejos profesionales de Ciencias Económicas).
El proyecto hace referencia a la auditoria del balance socio ambiental, de modo tal que,
un profesional de fe pública de la razonabilidad de los datos allí vertidos
A su vez se instauran beneficios impositivos y no impositivos que sirven de incentivos a
realizar conductas socialmente responsables.
A modo de ejemplo, entre los impositivos encontramos: deducción en el impuesto a las
ganancias de las erogaciones que las conductas de RSE demanden; Computo como
crédito fiscal en el IVA del monto de IVA facturado por compras provenientes de
conceptos vinculados a la realización de conductas de RSE y; exención en el impuesto a
la ganancia mínima presunta de los bienes que sean destinados facilitar conductas de
RSE.
Al final del mismo, en materia de legislación sobre políticas públicas sobre
responsabilidad social empresaria, se ha dispuesto que sea el estado nacional quien dicte
los presupuestos mínimos de protección social y ambiental y, a su vez, las jurisdicciones
locales serán las que regulen las normas complementarias que fijen los criterios y
parámetros para la definición de dichas políticas públicas.
Conclusión:
Es un hecho innegable. Las empresas modernas están empezando a actuar de manera
responsable para con su ambiente y entorno social, ya que es requisito indispensable para
mantener la actividad económica y calidad de vida (y poder mejorarla) en el futuro.
Este proyecto es un llamado a las empresas para hacer sustentable y sostenible el
crecimiento económico, social, cultural y ambiental. Se espera dar impulso y crecimiento
a esta conducta tan deseable y que tanto beneficiará al país y al planeta, mediante la
implementación de un régimen y marco legal que ordene esta temática e instaure
incentivos económicos (fiscales) y no económicos, para las empresas que se adhieran o
mantengan en este nuevo cambio paradigma sobre la forma de hacer negocios en las
sociedades modernas.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
de ley.
